DEMOCRACIA III Pedro Paúl Bello (www.paulbello.blogspot.com) Para la cosmovisión personalista y comunitaria del mundo, las sociedades nacionales, con su política, poder y Estado, deben, en democracia, apoyarse sobre valores que no provienen de fuentes históricas como el liberalismo individualista, el marxismo o de variantes totalitarias como las nazis y falangistas, sino de las profundidades del pensamiento cuyas raíces están inspiradas en el Evangelio. Por ello, la democracia se presenta como exigencia de la personalización, continua y sin fin, de todos y cada uno de los miembros de toda sociedad nacional. Esa personalización se apoya, de manera muy importante, sobre la libertad de elección de su destino personal que toda persona tiene y debe serle respetado, así como de ejercer cabalmente su responsabilidad con el todo social que significa el Bien Común General y su correspondiente Obra Común, realizada con la participación que, moralmente, obliga a todos los miembros de cada Sociedad. En el seno de cada Sociedad, la igualdad de las personas significa una equivalencia entre éstas que revela su inconmensurabilidad en el destino singular de cada una y reconoce que, si bien todos los seres humanos somos iguales en dignidad, tal dignidad debe ser respetada para todos, cada uno es radicalmente distinto en su interioridad de voluntad, pensamiento, aspiraciones y senderos de realización personal, por lo que la Sociedad tiene que proporcionar los medios e instrumentos proporcionados para que se ajusten a cada condición personal de sus miembros. Se trata, entonces, de que la Sociedad debe, ineludiblemente, instalar un espectro muy amplio de medios e instrumentos institucionales para que todos y cada uno de sus miembros tengan efectivas oportunidades para realizarse como personas. El desarrollo de tal igualdad de oportunidades, es paralelo al de la libertad de independencia que, a diferencia de la libertad interna o libre albedrío que es un don del Creador, libertad de independencia debe ser proporcionada por el cuerpo social, o conquistada por sus miembros en el seno de su propia sociedad. Tal desarrollo humano y personal favorece, y, al mismo tiempo se ordena a la elevación moral, económica, social y política del todo social y de la multitud de sociedades intermedias que lo constituyen y se alojan en su seno. La democracia verdadera no se agota en el bienestar de la población, ni obedece a la supremacía del número, que puede llegar a confundirse con las influencias y la fuerza. Por otra parte, no es cierto que la “voluntad del pueblo” sea un absoluto infalible. Ciertamente, la consulta a la voluntad de las personas miembros tiene un papel indispensable y fundamental, pero en todo caso debe ser personalmente expresada y nunca orientada, dirigida o explotada mediante compras de conciencia facilitadas por necesidades de las familias o personas singulares, manipulaciones hipnóticas impuestas por propagandas masivas y engañosas difundidas por personas que buscan favorecer sus propios intereses, sea directamente o a través de medios de comunicación presionados por la fuerza. La democracia se establece, en su más puro y alto nivel, sobre la base del equilibrio entre los diferentes centros del poder social: político, legislador, judicial, económico, educativo, comunicativo, organizados verticalmente pero coordinados y articulados de manera horizontal. Implica también la democracia, una adecuada desconcentración y descentralización de manera que las entidades regionales y locales asuman directamente la responsabilidad de los asuntos que les afectan particularmente y sobre cuyas decisiones deben tener capacidad y competencia. El poder centralizado, muy generalizado en nuestra América Latina, es un adefesio, factor del retraso y subdesarrollo que, históricamente, han caracterizado a nuestras naciones hermanas. En nuestro subcontinente Sur, el único país verdaderamente descentralizado es Brasil y, en menor medida Uruguay y Argentina. La centralización asfixia a los pueblos, impide su crecimiento y desarrollo armónico y favorece el establecimiento de dictaduras y tiranías de cualquier signo político que, al tener como propio el trasfondo histórico populista que nos ha caracterizado, han condenado a nuestros pueblos a depender de unos centros de poder que cercenan sus libertades y posibilidades de desarrollo, tanto personal como general. Sin embargo, no se trata la descentralización de una concepción granular de la Sociedad Nacional que anime particularismos negativos, o que signifique pueriles e inaceptables idealizaciones de la realidad social incompatibles con las características y exigencias del presente Estado moderno. En efecto, el Estado debe descargar sobre las diversas regiones, subregiones y comunidades de la Nación, aquellas facultades y tareas organizativas que no le correspondan de manera directa, pero, manteniéndose, en todas las instancias, como centro de planificación, coordinación, control y arbitraje supremos, así como también cual representante y garante supremo del todo social hacia lo externo. La democracia ha de ser, por definición, participativa. No se trata, como algunos piensan, que los poderes centrales del Estado le “participen” a las instancias regionales lo que deciden en la Capital de la Nación. Se trata, si, de institucionalizar la participación de las regiones y sus habitantes, en la corresponsabilidad y corresponsabilidad libre de sus propios intereses. Para ello, será menester: a) Establecer un nuevo ordenamiento económico-jurídico capaz de hacer emerger los valores de toda la población. No se trata, desde luego, de crear o reforzar instituciones “para dar” (asistencialismos, paternalismos o proteccionismos), sino de promover y crear las vías, los medios y las organizaciones “para pedirles” a las poblaciones e instancias regionales de gobierno; esto es. Para incorporarles a una activa participación en el desarrollo y en los procesos organizativos, productivos, educativos, etc., de la Nación. b) Establecer un nuevo ordenamiento jurídico-político orientado a realizar efectivamente la aceleración de procesos que hagan, al pueblo todo de la Nación, ser realmente el sujeto del cambio mediante la asimilación y toma de conciencia de valores de los cuales ha sido históricamente despojado: personalidad, responsabilidad, dirección, administración, etc.; y de valores que existen fuera de él y que no desarrolla o recibe: morales, intelectuales, técnicos, científicos, estéticos, productivos, etc. Para esto, es menester un gran esfuerzo para realizar, en verdad y no en palabras, la justicia social, valga decir, igualar las posibilidades y aptitudes entre sectores desiguales, incluido el acceso a la propiedad de medios de producción, a fin de incorporar a la población, en su totalidad, al proceso productivo y de desarrollo del país. El más alto grado de la participación es la codecisión. Por múltiples razones, no es posible pensar en la codecisión de todos. La democracia implica delegación, representatividad y, sobre todo, confianza, lo que, por inalcanzable, sustituye una utópica, por inalcanzable, codecisión general. En el estado actual del desarrollo democrático --en términos generales-- la exigencia de la población es más el de una mejor información que el intervenir directamente en la toma de decisiones, muchas de las cuales escaparían a las competencias, vocaciones, habilidades y aptitudes, o a los conocimientos de mucha gente. Se trata, de inicio, de establecer una doble corriente de información que asume carácter prioritario e inmediato: primera, de la población hacia las dirigencias locales descentralizadas, entidades en las que se toman las decisiones, a fin de que éstas instancias se enteren y se vean comprometidas con las opiniones, necesidades y exigencias de sus gobernados; segunda, en sentido inverso, para que la población reciba las debidas explicaciones y justificaciones de los actos y decisiones que les proponen quienes tienen la responsabilidad de realizarles; tercera, que el fruto de los diversos intercambios, se alcance en un consenso que incorpore las propuestas posibles y útiles que ambas partes acuerdan realizar. Esto, por supuesto, supone que se instalen ámbitos para conocer los puntos de vista y razones de una y otra parte y se aprueben las decisiones acordadas. De esa manera, la democracia deja de ser una palabra cuasi misteriosa y carente de real significado, para transformarse, progresivamente, en una vivencia concreta, deseable y, por tanto, respetada y defendida. De resto, el problema real de la participación de nuestra población de bajos niveles de recursos y de instrucción, en el poder político consciente, sea indirecto a través de los partidos políticos o directo en funciones de gobierno tiene, como previa exigencia, la necesidad de encuadrar a esas personas, una vez socialmente integradas, en el conocimiento y progresiva participación en las instituciones políticas. La realidad muestra, en todas las latitudes, que la verdadera participación en lo político pasa, principalmente, por la experiencia en los partidos políticos democráticos. En efecto, el principio reza que la soberanía pertenece al pueblo tal como lo hemos entendido (y no como masa informe); la práctica muestra que dicha soberanía es vivida y ejercida mediante la intermediación de los partidos que operan cual escuelas de formación política. Pero es menester que los partidos no se conviertan en frenos u obstáculos que limiten la soberanía popular porque la limiten o anulen para asumirla por cuenta propia, sino que sean verdaderos instrumentos de activación de la voluntad popular en las realidades locales, regionales y nacionales y sean, al mismo tiempo, transmisores de esa voluntad hacia las instancias del Estado en su realidad política constitucional. Por lo tanto, la democracia viene a ser una exigencia de renovación de los partidos políticos. Tal renovación ha de consistir en: a) Una apertura democrática interna de los partidos que implique la supresión de trabas y resistencias que puedan impedir o limitar la participación de sus miembros en la vida política interna de éstos. Será, por tanto, necesario, que el miembro o militante se sienta parte del partido. Para ello debe tomar plena conciencia de su condición y dignidad de persona, de ciudadano de la Nación y de miembro de una organización democrática con los derechos y deberes que a cada condición corresponden. De esta manera, la participación en la vida interna del partido comienza con la formación política de sus miembros. b) Inmediatamente, es necesario instaurar o restaurar el ejercicio efectivo de una democracia en lo interno de los partidos. Esa democracia será directa e indirecta. 1º) Directa en todas las instancias en las que sea materialmente posible, lo cual se irá logrando, progresivamente, mediante la formación política principista y democrática. Especial importancia van a tener, en tal sentido, los organismos de base, en los que la participación signifique la toma de contactos con la vida de la colectividad de miembros del partido y de las realidades y necesidades de la población correspondiente a su pertenencia como ciudadano, de cuyas necesidades y problemas debe participar a los niveles de dirección del partido. 2º) Indirecta, en aquellas instancias en las que el carácter técnico de las decisiones no permite, en muchos casos, que sean ventilados ciertos asuntos ante la simple opinión y, en consecuencia, se tiene de nuevo la noción de representación que debe ser legítima y verdadera, no manipulada ni mediatizada o determinada por artificios que desvirtúen su naturaleza. c) El complemento indispensable de la participación es la doble corriente de información de la base a la cima y a la inversa. Todo ello refuerza al miembro en sus convicciones y sentidos de responsabilidad ante el partido y ante el país. d) Apertura democrática externa, tarea indispensable para garantizar la democracia en las sociedades modernas. Los partidos tienen tendencias a cerrarse en su propio mundo, pero deben rechazar ser clanes o “ghettos” en la sociedad nacional, para abrirse al diálogo y a la participación efectiva de quienes, sin tener militancia específica --o ideologías o compromisos políticos con otras tendencias-- tengan el mérito y la capacidad de aportar ideas, esfuerzos y experiencias en beneficio de las superiores exigencias del Bien Común General.

DEMOCRACIA II Pedro Paúl Bello (www.paulbello.blogspot.com) El vocablo “democracia” designa, en estos tiempos, una actitud en la vida social, una forma de hacer política, una técnica, y un sistema de gobierno. Pero, más que otra cosa, “democracia” evoca una actitud según la cual todos y cada uno de los miembros de la Sociedad Política participan en la realización y alcance del Bien Común General y, al mismo tiempo, se sienten moralmente obligados a actuar --en la medida de sus posibilidades-- en el desarrollo de la Obra Común correspondiente, en cuya realización son conscientes de que tienen su cuota de responsabilidad y, de cuyos frutos, derivan su cuota de beneficios. Es sólo así como, verdadera y no demagógicamente, la democracia va a significar, verdaderamente, gobierno del Pueblo. El Pueblo viene a ser, entonces, el sujeto de los actos de gobierno que son definitivos para la vida humana. Entendamos, entonces, la noción de Pueblo como “la libre y viva sustancia del Cuerpo Político o Sociedad Política.” En efecto, ese Cuerpo Político que es la Sociedad, es un todo orgánico hecho de Pueblo. Decir que el Pueblo es sujeto significa que cada uno de los miembros de la Sociedad, según su condición, es capaz de asumir y de decidir libremente sobre su propio destino y que no puede ser simple objeto de un poder paternalista que le imponga conductas o metas de ninguna naturaleza: ello exige el que tenga conciencia de sus propios actos y de su dignidad de persona humana. Es entonces menester indispensable que se distinga entre “pueblo”, así entendido y “masa.” Los populismos y las tiranías, de todo signo, se caracterizan por manejar y manipular masas. Pero “el pueblo vive y se mueve por su vida propia; la masa o multitud amorfa, es de por sí inerte y sólo puede ser movida desde afuera. El pueblo vive de la plenitud de las personas que lo componen, cada una de las cuales es consciente de su propia responsabilidad y de sus propias convicciones. La masa, por el contrario, espera el impulso del exterior presta a seguir una u otra bandera según la explotación habilidosa que se haga de sus instintos” De la misma manera, afirmar al pueblo como sujeto equivale a decir que es --y nunca la masa-- el depositario originario del poder civil derivado del Creador. Por eso, el Cuerpo Político o Sociedad Política posee todo un complejo de autoridades-poder, en cuya cima está el Estado, cuyo gobierno es ejercido por miembros de ese pueblo que, a tal efecto, le representan. Es así que el Estado no posee ningún derecho por encima del Cuerpo Político. Es pues una falacia pretender o hablar de “soberanía del Estado” si se entiende por “soberanía” el derecho a ejercer un poder trascendente y separado del pueblo. En tal contexto inserida, la fórmula de Lincoln sobre la democracia como “gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” adquiere sentido: Gobierno del pueblo, porque debe ser ejercido en virtud de la autoridad y decisión de éste, que la transfiere a sus depositarios --en la medida y grado de sus atribuciones-- de cuyo ejercicio éstos deben rendir cuenta como responsables; Gobierno por el pueblo, porque el objeto de quienes dirigen al Estado y forman parte de sus poderes, es hacer que se desarrollen personas libres, sujetas por ellas mismas a cumplir lo que es justo y legítimo y con plenos derechos de manifestar sus propios pareceres sobre deberes, cargas y sacrificios que les sean impuestos, así como de ser informados sobre todo lo relativo a la marcha de los asuntos comunes y de los resultados de la gestión de aquellos en quienes ha confiado la autoridad, no estando obligados a obedecer lo que no les es debidamente informado y escuchado. Gobierno para el pueblo, pues el fin de la autoridad es conducir al Cuerpo Político hacía el Bien General que redunda en el Bien Particular y en el Bien Personal, pues como lo expresara Maritain “sólo puede calificarse de democrático aquel gobierno que es capaz de elevar a la multitud de una condición de masa a una condición de pueblo.” Ahora bien, es necesario que todos los ciudadanos entiendan que, tanto en su sentido lato como en el restringido, la función política corresponde a todos los miembros de una Sociedad determinada, sin que existan exclusiones de ninguno de ellos. No obstante, es claro que hay quienes se especializan en los asuntos de gobierno y su orientación: son éstos a quienes en el leguaje común se les llama “políticos”, pero la responsabilidad por la política recae sobre cada ciudadano. Por tanto, es contrario al deber social el proclamarse no ser político; calificar como “sucio” el trabajo político, etc. Por supuesto, estos errores provienen de la falta de conocimiento, por parte de quienes los cometen, del significado e importancia vitales que la política tiene tanto para la vida social en general como la de la persona del ciudadano. En efecto, tal actitud de abstención o separación desemboca, trágicamente, en la lamentable realidad de permitir que los menos aptos y deshonestos ejerzan funciones de gobierno en diferentes espacios del hacer político, con graves consecuencias morales, sociales y económicas para el todo social. La actuación política, cuando se funda en valores y normas éticas que se inspiran en la cosmovisión del personalismo cristiano, sin estar necesariamente ligada a la Fe que lo sustenta, exige identificarse con el pueblo (entendido como la comunidad de todos los ciudadanos) en profundidades que rebasan el simple deseo del bienestar o la realización de “obras” que, muchas veces, responden a la óptica de quien las promueve o redundan en su beneficio “político” o económico. En efecto, como también decía Maritain, se trata de existir con el pueblo. “Obrar --por puro que lo sea-- pertenece a los dominios del simple amor de benevolencia. Existir con y sufrir con son del dominio del amor de unidad: el amor se dirige a un ser existente y concreto”… “Si se posee el amor de esta cosa viviente y humana, tan difícil de definir como todas las cosas humanas y vivientes, pero tanto más real por esa misma razón, que se llama pueblo, lo primero a que se aspirará será a existir con él, y estar en comunicación con él”. “Antes de ‘hacerle el bien’ y de trabajar por su bien; antes de hacer o no hacer la política de éstos o de aquéllos que invocan su nombre y sus intereses; antes de pensar en conciencia el bien y el mal de las doctrinas y de las fuerzas históricas que lo solicitan y de elegir entre ellas o, acaso, en ciertos casos excepcionales, de rechazarlas todas ellas, habrase ya elegido el existir con él y sufrir con el y hacer propios sus penas y sus destinos”. Pero cuando tal elección no se ha producido; cuando la política no es el acto de una existencia consustanciada con el pueblo y, como dice Maritain, existente con él pueblo, entonces, sus designios cada vez más se insertarán por las vertientes en las que gravita la voluntad de dominio. En tal perspectiva, la conciencia del sujeto “que hace política” se instala en la experimentación de la concupiscencia lúdica donde se entretiene en el “juego político” del ganar o del perder, que es una cualquiera de las fases que permiten recorrer el espectro fenomenológico de existencias egoístamente centradas. Ora la política va a satisfacer la vanidad que se viste de apariencias de fama y prestigio; ora emboca las cerraduras que abren puertas de la riqueza y de la ostentación; ora se regodea con le servilismo de los obedientes sumisos; ora es revancha de la envidia o instrumento de la venganza; o, en su más perniciosa expresión ontológica, es nudo dominio, fugaz ilusión de infinitud que, cuando frustrada por la realidad de los propios o externos límites, arremete con mayor violencia contra los testigos de sus fracasos. Entonces, no será el pueblo sino la masa, lo que conviene a la dominación porque la convalida. La ética interfiere, por lo cual se va a negar la sujeción moral y la racionalización moral de la vida política. Se hace de la “política” un dominio separado e independiente, autárquico en sus fines, reglas y determinaciones. El “fin político” justificará cualquier medio, con la sola condición de que sea eficaz. Se absolutizan realidades contingentes, como el Estado, el Partido, la Clase o el Jefe. El opresor queda oprimido por sus propias abstracciones y termina cosificado al igual que los objetos humanos o no de su dominio. La “emancipación” de lo político respecto a la ética, es la condición de posibilidad para la entronización del totalitarismo en el gobierno de cualquier sociedad. Con independencia de su particular signo, toda forma totalitaria de gobierno sacrifica a la persona en aras de un ídolo, de un mito o de una abstracción absolutizada en el orden de lo temporal. El desprecio por la persona humana, en su existencia individual y social, es una involución de la sociedad afectada pues el totalitarismo, en sus diversas formas y tendencias se identifica, en lo metafísico, lo ético y por la político, con los sacrificios humanos de las antiguas instituciones del paganismo, contra las que se levantaron el plan del cristianismo y el mayor desarrollo de la metafísica. Desde luego, debemos estar en la vertiente de las relaciones humanas predispuestas por la voluntad de amor y no por la voluntad de dominio. Cuando es ésta la que rige, la política se aparta de su finalidad última y degenera en opresión, en acumulación de poder y en egoísmo individual o grupal que degrada a la Sociedad y despersonaliza a todos sus actores, sean opresores u oprimidos, en la misma medida en que hace del ser humano cosa, mero instrumento de un nudo dominio. Acto humano, la relación política está indiscutiblemente subordinada a la ética. No es objeto de estas líneas el intentar desarrollar el estudio de las relaciones entre política y ética: sería necesario recorrer desde las fuentes mismas de los elementos que intervienen y tienen consecuencias en aquéllas, partiendo desde la Antigüedad griega y, pasando por el Medioevo cristiano, caer en la Época Moderna hasta el presente.

VENEZUELA: LUCHA PERMANENTE POR LA LIBERTAD. La historia de nuestra Venezuela ha sido la de una perenne y permanente lucha por la libertad. Tal lucha fue iniciada por la rebeldía de los negros capturados en África y vendidos en nuestra tierra como esclavos, para, en cierta forma, sustituir a los aborígenes cuyos hábitos y costumbres no les capacitaban para realizar las tareas que les imponían los terratenientes venidos de la Metrópoli que descubrió y conquistó nuestro territorio, o aquellos blancos criollos que se hicieron propietarios de tierras. El conflicto se mezcló con la Guerra de Independencia, con la particularidad de que el sector social de esos niveles inferiores de nuestra organización social estamental, una vez liberados para participar en el conflicto por la Independencia, muy mayoritariamente se sumaron a la causa realista. El principal de sus capitanes resultó ser José Tomás Boves, el terrible enemigo de los patriotas quien, por cierto, inicialmente se había alineado bajo sus banderas, pero que, disgustado por un incidente personal, se pasó al bando contrario. Finalizada la Guerra, la tierra pasó, casi en su totalidad, a las manos de los generales victoriosos, muchos de los cuales asumieron el poder político y militar en los territorios de la anterior Provincia, para convertirse en una suerte de señores que se hicieron como auténticos feudales de sus dominios, en un modelo de poder político muy semejante al del Feudalismo que surgió en la Europa posterior a la caída del Imperio Romano, cuando surgieron las Ciudades Medievales que se unificaron en territorios después convertidos en Estados de Europa. En Venezuela, la Cuarta República --que no es como erradamente algunos piensan y muchos repiten, la de los años anteriores a la llegada del último tirano-- se inició en 1830, una vez disuelto el sueño máximo de El Libertador que fue la Gran Colombia, con los gobiernos de la llamada Oligarquía Conservadora, para terminar el 28 de marzo de 1864, concluida la Guerra Federal, cuando el Presidente de la República era Juan Crisóstomo Falcón, quien cambió la denominación de nuestro país por la de Estados Unidos de Venezuela (la cual permaneció hasta que, en 1953, Pérez Jiménez, a través del Congreso de entonces, recuperó el nombre de República de Venezuela, que fue la Quinta). Entre los luchadores por la libertad --que fueron muchos venezolanos-- destaca, sin dudas, el nombre, la figura y el gran prestigio de José Manuel Hernández, más conocido como “El Mocho Hernández” pues, en uno de sus múltiples combates, esta vez contra el gobierno de Guzmán Blanco, cayó en el sitio llamado “Los Lirios” (el 11 de agosto de 1887) y, alcanzado por bala, recibió heridas de machete en el cuello y en su mano derecha de la que perdió dos dedos, origen de su sobrenombre. Pues bien, el Mocho Hernández se hizo de un prestigio político casi mítico en todo el país, pues su vocación, desde joven de 17 años, fue la política, de cuyas múltiples aventuras y hazañas alcanzó a pagar el costo de muchas cárceles, persecuciones y exilios, si bien, durante breves períodos --a modo de paréntesis-- y tuvo importantes cargos pero, sobre todo, un inmenso prestigio en los sectores más populares del país de entonces: entre ellos, en 1887, mientras trabajaba en las minas del Callao, asumió el liderazgo para enfrentar al gobernador del Estado Bolívar, Pedro Mijares, quien había separado de dicho Estado la zona del Yuruary. El éxito lo alcanzó en 1889, cuando el Presidente J.P. Rojas Paúl, reintegró esa zona al Estado Bolívar y nombró a Hernández como Inspector de las obras de esa zona y, luego Presidente de una Junta encargada de ejecutar la carretera a San Félix. En 1890 presentó su candidatura por la Región, pero el Presidente Andueza Palacio la desconoció, por lo que apeló solicitando la nulidad de dicho acto y fue favorecido. Sin embargo, algo después fue apresado por cinco meses, por ser enemigo confeso de Andueza. Al quedar libre se unió a la subversión de Crespo y se alzó en Guayana como líder allí de la llamada “Revolución Legalista”, en abril de 1892. Cuando Crespo venció y asumió la Presidencia, Hernández tomó Ciudad Bolívar en agosto 1892 y fue designado Jefe Civil y Militar del territorio de Guayana que era parte del Estado. Pero en diciembre se marchó a los Estados Unidos, país en el que se interesó mucho por sus leyes y procedimiento electorales. Enfrentó y ganó allí un juicio que le interpuso un ciudadano norteamericano que se consideraba afectado por su decisión respecto al acueducto de Ciudad Bolívar cuyo contrato había sido anulado por Hernandez. El Mocho Hernández regresó al país en 1893 para presentarse como diputado por el Estado Bermúdez (que comprendía todo lo que hoy es Sucre y Monagas). Resultó electo, pero inmediatamente, en el Congreso, la nueva Constitución que había introducido Crespo, lo llevó romper su relación con el Crespismo. Regresó en 1895 a Nueva York y profundizó en sus conocimientos sobre las elecciones en ese país y, al regresar a Venezuela, en 1896, se empeñó en tratar que ese modelo democrático fuera adoptado. Presentó de nuevo su candidatura apoyado por el Partido Liberal Nacionalista de Alejandro Urbaneja, pero esta vez para Presidente, en las elecciones que se realizaron en setiembre 1º de 1897. El Gral. Crespo tenía ya su candidato que era Ignacio Andrade. Hernández había recorrido, prácticamente, todo el país celebrando “mítines” (palabra que se hizo general, originada del inglés meeting) que entusiasmaban mucho a las personas. Parecía que vencería en las elecciones, pero la gente de Crespo ocupó todas las mesas electorales y dio como resultado la victoria de Andrade hecho que, a ojos vista, era un monumental fraude pues el país, en casi su totalidad, se había volcado en favor de Hernández. Indignado por el fraude, Hernández, una vez más se alzó en Queipa. El propio Crespo salió para combatirlo, pero antes tuvo que enfrentar batalla en el sitio llamado “La Mata Carmelera” donde encontró la muerte. Sin embargo, el Mocho fue también derrotado por fuerzas del gobierno al mando del Gral. Ramón Guerra y apresado en la cárcel La Rotunda de Caracas, de donde fue liberado por Cipriano Castro después de su triunfo con la Revolución Libertadora en octubre de 1899. El propio Castro le designó Ministro de Fomento, cargo que ocupó por cuatro días pues se alzó de nuevo por no estar de acuerdo con el gabinete de Castro. Fue apresado y remitido al Castillo de San Carlos en el que permaneció dos años y luego fue liberado por Castro quien lo nombró como Plenipotenciario en Washington, pero criticó de nuevo al gobierno y renunció en 1904, quedándose en los Estados Unidos hasta 1909, cuando Gómez, que había tomado ya el poder, lo designó para el Consejo de Gobierno (popularmente llamado “El Pesebre”) pero en 1911 El Mocho renunció de nuevo y comenzó a escribir en contra de Gómez, por lo que tuvo que escapar estando en varios lugares de las Antillas, hasta que volvió a los Estados Unidos donde, con 68 años de edad, murió el 25 de agosto de 1921. Así fue José Manuel Hernández, ese venezolano singular, hijo de trabajadores isleños, quien había nacido en Caracas, en el barrio de San Juan, en 1853. Pero me ha llevado a escribir esto, el haber encontrado en las historias relativas a José Manuel Hernández, el Mocho, un muy interesante comentario de Carlos Fernández Cuesta, de fecha 22 de noviembre de 2002, quien allí señala que “El General José Manuel Hernández…fue el centro de un curioso fenómeno histórico. Fenómeno que en mi opinión --escribe Fernández Cuesta-- guarda un extraño vínculo con la lucha que libra hoy el poderoso movimiento democrático opositor al régimen “bolivariano”. Mas adelante, Fernández Cuesta señaló que “como militar el Mocho tuvo poca fortuna, y como político en pocas ocasiones pudo demostrarlo” pero que, pese a ello, “fue objeto de un inusitado prestigio” y continúa: “Es relevante que ese prestigio no se forjó, apoyado en subalternos y cómplices que desde el poder pudieran haberle abierto inescrupulosamente un porvenir político, método que por desgracia, no es poco frecuente ayer y hoy en nuestro medio.” Y añade que “notorio y sorprendente es, además, que el entusiasmo que despertó este personaje, se extendió sin excepción a todas las razas y clases sociales de la época”, pese, como lo indica el mismo Fernández, que ciertamente Hernández era extravagante tanto en guerras como en política, lo que le condujo siempre a derrotas y, a veces, hasta quedar en ridículo. “Sin embargo”, concluye, “ni sus reiterados y continuos fracasos bélicos, enlodaron su causa nacionalista y muchos menos el arraigo convertido en mitológica adoración que fue lo que llegaron a sentir las multitudes al pronunciar su nombre.” Continúa nuestro autor: “Algunos me reclamarán con razón y no excluyendo la furia, el por qué asocio al "Mocho" a la oposición democrática (recuerdo año 2002), siendo el General Hernández y su "Partido Nacionalista" un emblema de lo que pudo ser y no fue, de la derrota y las causas perdidas. No, el Mocho representa mucho más que eso, y si en su momento su nombre es la esperanza donde se agrupan los valores del idealismo y el desinterés contra los núcleos políticos corrompidos y el uni-personalismo salvaje de los caudillos, el "mochismo" no es sólo la tragedia que lo persiguió a él y al pueblo venezolano durante su vida y luego de su muerte, sino los anhelos irrenunciables de combate por la honradez, por el patriotismo, por la sinceridad y el progreso que permanecen como "elan vital" de nuestro pueblo y que de muchas maneras son la proyección de nuestra continuidad histórica y la razón de ser una nación a la que queremos amar y servir.” No te conozco, pero ¡Gracias por existir, Carlos Fernández de Cuesta! La democracia que marcha, hoy en las calles, y que sigue a Henrique Capriles Radonsky siendo radicalmente opositora, es el "mochismo" del siglo 21, pero renovado y firme, que mira hacia la victoria porque será suya, y sabe que está obligada, para siempre, a vencer restos del siglo XIX no suficientemente enterrados.